El ‘Autobús de las 15.000’: destino al Principado contra la planta de pirólisis en Gijón

Con la premisa «Barbón como venga la planta pa Xixón vas a tragar tú el carbón del Muselón», los vecinos de los barrios del oeste gijonés ponen rumbo hacia la ciudad ovetense para reivindicar sus peticiones contra la contaminación

FUENTE: miGIJON

Desde la plaza del Humedal, el bautizado como ‘Autobús de las 15.000‘, flanqueado por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y su presidente, Manuel Cañete, y por la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón, parte con los vecinos del oeste de Gijón hacia el Registro General del Principado, en Oviedo, con las miles de firmas recogidas contra la construcción de la planta de pirólisis en los terrenos de El Musel. Allí, exigirán al presidente regional, Adrián Barbón, que atienda su petición de mantener una reunión para abordar esta cuestión que mantiene en vilo a los vecinos y vecinas de Gijón; petición que, hasta ahora, según aseguran desde la FAV, ha sido denegada alegando que «no tiene agenda para recibirnos».

A las 11:15 de la mañana de este viernes, un numeroso grupo de personas se reunían en las inmediaciones de la plaza del Humedal bajo la premisa «Barbón como venga la planta pa XIxón vas a tragar tú el carbón del Muselón». Representantes de las Asociaciones Vecinales, vecinos y algunas caras del mundo de la política local como Noelia Ordieres, número dos de Izquierda Unida, o la número uno de Podemos, Olaya Suárez Fernández, se organizaban para subir a los dos autobuses que se ubicaban en los alrededores del edificio de la Gota de Leche con previsión de llegar a la capital asturiana a las 12 horas. El registro en el Edificio de Usos Múltiples se hará a las 12.15 e inmediatamente después, los asistentes leerán un manifiesto.

Ataviados con camisetas, pancartas y sin duda, sus voces, los integrantes de este autobús ‘reivindicativo’ se reafirmaban en su postura: «¡Pirólisis NO!» Y aseguraban que la situación es «una auténtica vergüenza». Lucas Fernández García, vecino a lo largo de su vida del barrio de La Calzada y también del de Jove, explicaba antes de subir al autobús que «no se está evitando que haya contaminación, y sólo por cinco millones de euros. Esos cinco millones, suponen un 0.005 por ciento del precio de una tonelada de acero vendida por Arcelor y supone 0.47 euros por tonelada». Y reivindicaba que es «una autentica vergüenza que quien tiene que velar por la salud de los asturianos que es el Principado de Asturias, lo que hagan es el juego a las grandes empresas, basado en una falsa opinión que es ‘o empleo o contaminación’».

Fernández continuaba, reafirmándose en su postura: «no, las empresas deben cumplir la normativa y deben actualizar sus instalaciones. No se puede admitir que en el resto de la Unión Europea, Arcelor haga instalaciones nuevas y aquí solo utilicen materiales antiguos. Aquí hacen trabajos y experimentos de nuevas tecnologías pero que luego no aplican en Asturias. En Asturias no aprietan a Arcelor y le permiten lo que les da la gana basado en esa falsa teoría de ‘empleo o contaminación’».

El parlamentario reclama información sobre qué grado de implantación tienen esas evaluaciones de impacto de salud de forma global a nivel estatal y, concretamente, solicitando la pertinencia de ese tipo de evaluación para la implantación de plantas de pirólisis como puede ser el caso concreto de la valoración que se está haciendo de la planta en Gijón. «Consideramos que, pese a que puede haber una evaluación de impacto medioambiental favorable, es necesario realizar ese tipo de declaraciones de impacto en salud, sobre todo por el efecto sumativo del riesgo, es decir, la población de la zona no está expuesta solamente a esa nueva tecnología que puede suponer un riesgo; hay un principio además en la propia Ley de Salud Pública que plantea un principio de precaución ante la hora de implantar determinadas tecnologías», ha señado Cofiño, ya que «no está expuesta solamente a un riesgo sino que está expuesta a diferentes riesgos sumativos, por lo que consideramos que evaluación de impacto que se realice tiene que tener en cuenta, técnicamente, este riesgo de efecto sumativo sobre la población».

 

 

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