La ayuda económica media que recibirán los usuarios del sistema que se acojan a esta prestación rondará los 400 euros mensuales, según indicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Caldera explicó que este cálculo es una media recogida en la memoria económica del proyecto sobre el conjunto de los usuarios y que, evidentemente, no recibirán la misma cuantía los grandes dependientes que los dependientes leves. Además, recordó que el Sistema Nacional de Dependencia establecerá las prioridades en la prestación de servicios. En cualquier caso, estas serían las cuantías que podrían recibir los cuidadores familiares que atiendan a personas dependientes.

Por otro lado, el ministro de Trabajo insistió en que la aportación que deberá realizar el ciudadano a la financiación del sistema no superará, en términos medios, el 30 por ciento del servicio y que se ha reforzado la idea de que nadie quedará sin prestación por carencia de recursos económicos. Igualmente aseguró que el texto, como ha dictaminado el Consejo de Estado y han admitido las propias comunidades autónomas, es plenamente constitucional y no invade competencias.

La ley entrará en vigor en enero de 2007, y a partir de esa fecha todo español que lo requiera podrá solicitar la valoración de su nivel de dependencia. Caldera calificó el texto de «enorme avance social» y «verdadera revolución». «Es la ley más importante dirigida a las personas y, por su puesto, también a sus familias», dijo el titular de Trabajo, que ya ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de ley y los últimos cambios operados en el texto.

«El Gobierno está convencido de que con esta ley comenzamos a cimentar el futuro del cuarto pilar del Estado del bienestar», añadió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. A su juicio, la futura ley de dependencia viene a sumarse a otros derechos de gran calado social, como en su día lo fueron el derecho a la educación , el derecho a la asistencia sanitaria gratuita y universal y el derecho a las pensiones.

«Añadimos el cuarto derecho social de nuestro tiempo, el del reconocimiento a la atención a las personas dependientes, bien sea por su avanzada edad o por algún tipo de minusvalía», declaró. En este sentido, afirmó que es un compromiso «explícito y largamente sostenido» del Gobierno garantizar que en España no haya ni una sola persona dependiente sin atención.
Asturias
El Consejo de Ministros aprobó asimismo un crédito de 200 millones de euros para las comunidades autónomas, de los que Asturias percibirá 6,8 con el fin de realizar proyectos dirigidos a la atención de personas dependientes.
La distribución fue aprobada en la última conferencia sectorial de Asuntos Sociales, y el fondo, creado en 2005 por el Gobierno para financiar proyectos piloto de atención a la dependencia antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional de Dependencia, ha experimentado este año un incremento del 300%. Con la partida de 200 millones acordada ayer, el Ejecutivo financiará proyectos piloto de atención a las personas dependientes que deben presentar las autonomías, que destinarán la misma cantidad que les sea transferida.

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