En esta fecha diversas organizaciones de afectad@s, vecinales y ecologistas queremos denunciar el crecimiento insostenible de la contaminación electromagnética, asociada ala proliferación descontrolada de infraestructuras eléctricas y redes de telecomunicación, que se ha convertido en un problema medio ambiental y de salud pública, y la necesidad de una cambio legislativo profundo en la normativas que regulan este tipo de actividades.

En lo que se refiere a la contaminación electromagnética producidas por los campos electromagnéticos de baja frecuencia (líneas y subestaciones eléctricas), las movilizaciones vecinales contra los proyectos de instalación de las subestaciones de Santa Maria de Grao y Buspol de Salas, la lucha contra el trazado de las líneas de alta; Lada a Velilla, Soto Ribera a Penagos, la Corredoria a Boimente son ejemplos de una mayor preocupación sobre los impactos y posibles afecciones para la salud publica derivadas de esta proliferación descontrolada y caótica en el medio rural y urbano.

Junto a esto hay que señalar acciones judiciales como sentencia por la que se condenaba a una empresa eléctrica por la contaminación electromagnética de un transformador en Murcia y la sentencia de la Audiencia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que obligaba a la retirada de un transformador en la localidad de Burriana; al considerar que existe un indicio razonable y significativo de que el nivel de exposición en las viviendas es un factor de riesgo, ponen de manifiesto una larga lucha contra los impactos ambientales y de salud publica derivada de una exposición continua a los campos electromagnéticos de baja frecuencia que son los producidos por las líneas de alta media tensión, subestaciones, transformadores e infraestructuras eléctricas.

Es necesario, por tanto, un cambio significativo de la Ley del Sector Eléctrico del 97 y los reglamentos de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas así como de la legislación autonómica con la introducción de criterios de precaución, distancias de seguridad, reserva especifica de suelo para esas infraestructuras fuera de zonas residenciales y rebaja significativa de los niveles de exposición a campos electromagnéticos

Las movilizaciones contra la las emisiones de campos electromagnéticos de muy alta frecuencia y microondas pulsátiles producidas las antenas de telefonía móvil y sistemas de telecomunicación ha sido una constante en toda Asturias, ante una normativa estatal que se hizo al dictado de las operadoras. Existe numerosas conferencias internacionales que alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002).

Es necesario el desarrollo de un programa de investigación , público estatal e independiente, de los efectos sobre la salud pública y un cambio en profundidad de la normativa actual que debe basarse en los criterios de la mínima emisión , control público sobre los lugares de establecimiento de antenas, valores límite exposición ciudadana que impida que se produzcan cambios celulares y la transformación de la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa sobre control del espacio radioeléctrico.

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