La federación vecinal urge una norma más restrictiva para las antenas de telefonía

Muchos no conocen el decreto que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico. Pero sí saben que no quieren una antena de telefonía móvil cerca de su casa. O, al menos, tienen claro que no se fían de ellas. Por eso, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana ha decidido tomar cartas en el asunto y coger las riendas y el relevo de las diseminadas protestas vecinales. Han estudiado concienzudamente el actual reglamento y han presentado sus propuestas.

El documento que entregaron ayer en el registro introduce algunas modificaciones -sobre todo, restricciones- en la normativa vigente, que consideran «insuficiente». Pretenden, aclara el presidente de la FAV, Amador García, luchar contra la «indefensión jurídica en la que se encuentran muchos ciudadanos».

A la conocida propuesta de no colocar estaciones a menos de 300 metros de centros de salud, sociales, colegios y hospitales, han añadido otras con el objetivo de ponérselo algo más difícil a las compañías. Por ejemplo, quieren que el Consistorio exija a los operadores un plan de implantación «para que todo el mundo sepa cuáles son sus intenciones y qué van a hacer en la ciudad en cada momento».

Además, piden que los permisos y licencias que se concedan para la colocación de antenas sean revisados cada cierto tiempo, «con mediciones que determinen que las instalaciones siguen en buen estado».

Otra de sus grandes reivindicaciones es que el reglamento deje bien claro que sólo podrán implantarse en las comunidades de vecinos en las que la propuesta haya sido aceptada por unanimidad. Y dan varias razones. «La colocación de antenas supone una alteración de la estructura o de las cosas comunes y esto sólo puede modificarse con el consentimiento de todos los propietarios», argumentan. Por otra parte, las excepciones que a veces se hacen a este respecto, «como rampas para discapacitados o ascensores, están tasadas y siempre se hacen en beneficio de la comunidad, nunca de terceros ajenos a la misma».

Por otra parte, apuntan, «al tratarse de servidumbre a favor de terceros, las empresas pagan a la comunidad un dinero que imputará como ingreso en cuenta». Lo cual, una vez más, sólo puede hacerse por unanimidad.

La FAV ha elaborado trípticos informativos, que se repartirán por las calles gijonesas a partir de esta semana. Será la primera de las medidas de «movilización» que han organizado para estos días. En ellos, tratan de informar a los ciudadanos de algunos detalles legales, como que «el Plan General de Ordenación Urbana elimina la instalación de industrias en la ciudad y esto está considerado como una explotación industrial».

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