La zona rural hace frente al Catastro para evitar que se consoliden errores técnicos
Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para garantizar una subida máxima del 9% en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los vecinos de la zona rural para el año que viene no han aplacado la inquietud en las parroquias sobre el proceso de revisión catastral. Los vecinos del entorno rural -los más afectados a partir de la decisión del Catastro de dar carácter de urbano a las fincas de los núcleos rurales que antes eran rústicas- siguen teniendo dudas que les enfrentan tanto al Catastro como al Ayuntamiento. En el primer caso, los vecinos denuncian el gran número de errores que se detectan en las notificaciones oficiales y su temor de que se puedan consolidar en el futuro, y, en el segundo, ven sombras sobre la repercusión de los nuevos valores sobre los impuestos, y en concreto sobre el IBI, más allá de 2009. La Junta de Gobierno aprobó esta semana dos medidas para minimizar el impacto el año que viene -una bonificación del 50% en las fincas no edificadas y la aplicación del incremento del 9% sobre la vivienda y no sobre toda la finca en el caso de las parcelas edificadas-, pero deja la toma de otras decisiones a un futuro análisis de la repercusión real de la actualización catastral.
La polémica no fue ajena a la reunión celebrada ayer en Leorio por los dirigentes de la Federación Vecinal «Les Caseríes». El equipo liderado por Soledad Lafuente, de Somió, ha recibido con indignación que el Ayuntamiento mantuviera un encuentro explicativo sólo con los integrantes del distrito periurbano. «Vamos a exigir que un representante del Ayuntamiento venga a dar información a la Federación y que se convoque una reunión urgente y oficial de todas las asociaciones del distrito rural, no sólo de unas cuantas», explicó Lafuente. La Federación también ha decidido preparar documentación para explicar a los vecinos las claves de esa notificación catastral.
No son los únicos, algunas asociaciones han previsto ya reuniones para intentar dar respuesta a las numerosas dudas de sus vecinos y apoyarles en la presentación de reclamaciones. Porceyo ha convocado a los vecinos este viernes en el local social, y La Providencia tiene cita para el próximo día 10. «Nosotros queremos alertar a los vecinos para que vigilen los datos de la comunicación de Hacienda y que comprueben las medidas, la titularidad, la dirección… No queremos que se consoliden los errores», explica Inmaculada de Diego, presidenta vecinal de La Providencia, que no deja de recibir quejas de sus vecinos. En cuanto a las acciones del Ayuntamiento, «se ve que hay voluntad de resolver el impacto del IBI, pero también hay una incertidumbre sobre lo que pasará a partir del año 2009». Para José Antonio Gutiérrez, presidente de Porceyo, el Ayuntamiento «ha puesto un parche a esa subida tan disparatada para el año que viene y aplacar la alarma social, pero no hay nada definitivo sobre lo que pasará otros años».
