La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural ‘Les Caseríes’ presentó ayer las sugerencias que serán presentadas al Ayuntamiento de Gijón en el trámite de elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que sustituya al recientemente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esas alegaciones, que podrán ser consultadas por todos los interesados en una página habilitada al efecto -www.federacionlescaseries.com- fueron elaboradas por el abogado Antonio García, quien las presentó ante los representantes de todas las asociaciones vecinales de la zona rural gijonesa.
Se trata de ocho grandes capítulos, pero hay tres aspectos a destacar. El primero de ellos es una defensa a ultranza de los núcleos rurales, al que consideran el único modelo de crecimiento compacto de la ciudad, por lo que solicitan que se puedan satisfacer la necesidad de vivienda a los ya residentes.
Además, solicitan que estos núcleos sean recatalogados en el nuevo plan como suelo urbanizado, se permita la división horizontal de edificios ya existentes y se cambien los límites a la construcción. Por ejemplo, si en la actualidad se permite una vivienda de 250 metros cuadrados en una parcela de 2.000 metros cuadrados, proponen edificaciones de 135 metros cuadrados en parcelas de 600. Aquí se incluiría la cesión obligatoria y gratuita de terrenos si «con ello satisface la necesidad de vivienda de una familia».
Otro aspecto íntimamente ligado al desarrollo de la zona rural es la creación de una categoría que permita y fomente el uso agrícola y ganadero. La intención es que se determine ese uso para aprovechar el potencial económico del sector, al tiempo que se limite la actual categoría de suelo no urbanizable de interés paisajístico, que sería sustituido por la categoría de suelo rural.
Bonificar el IBI
El tercero de estos puntos es la sugerencia del uso de las viviendas vacías y de los locales comerciales sin uso existentes mediante un documento en el que también se incluyan los solares urbanizables que todavía están pendientes de construir. Los vecinos de la zona rural consideran que, igual que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ‘castiga’ a aquellas personas que tienen una vivienda vacía, bonifique a quienes la sacan al mercado de alquiler.
Entre las alegaciones presentadas ayer se encuentra otra en la que se pide la inclusión de infraestructuras proyectadas o previstas que se podrían sacar adelante mediante el desarrollo de planes específicos, como ya ocurrió con la ZALIA, el plan de vías o la ampliación de El Musel, entre otras. En concreto, el documento indica que «actuaciones urbanísticas como la regasificadora de El Musel o la incineradora de Serín deben integrar las determinaciones del plan general, porque es sabido que afectarán a su población».
En relación con este último asunto, los vecinos de la zona rural también consideran necesario que se justifique en el PGO «la necesidad real de nuevos suelos industriales. Para ello debe tenerse en cuenta el grado efectivo de desarrollo de los suelos industriales existentes y en ejecución».
Este documento será presentado en las oficinas del Consistorio antes del 20 de febrero, fecha en la que concluye el plazo de presentación de sugerencias al futuro PGO. Los vecinos aseguran que será el primer paso antes de presentar las alegaciones necesarias

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