La Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), a diferencia de Les Caseríes, no presentará un documento de alegaciones al PGO que resuma el sentir de todo el movimiento vecinal. Lo que en realidad aprobó ayer la junta directiva que preside Teresa Prada son peticiones concretas que le han hecho llegar colectivos vecinales como Laviada, La Calzada y La Providencia. Pero la federación como entidad aglutinadora de la representación vecinal de los barrios no tiene nada que objetar ni que reflexionar a propósito de la revisión de la normativa urbanística del concejo, según confirmó ayer Gabriel Murillo, vocal de Urbanismo de la FAV.
La FAV respaldará al colectivo vecinal de La Providencia en su petición de que se defina en este Plan General la calificación de siete parcelas rústicas afectadas por la Ley de Costas y el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA). Unos terrenos que llevan muchos años en barbecho a la espera, según explica José Ramón Pardo, presidente vecinal de La Providencia, de que el Ayuntamiento considere un pronunciamiento de la CUOTA para que sea esta Administración la que aclare posibles usos y aprovechamientos. «Hay parcelas más próximas al mar que éstas y vienen calificadas en el planeamiento vigente como urbanas», señaló Prada, quien asegura que «los vecinos no deseamos otra cosa que un veredicto municipal» sobre este asunto.
Tal y como adelantó EL COMERCIO, el ente supravecinal secundará también una alegación de la asociación de Laviada que pide que se rebaje la altura de los edificios en el entorno de la barrera ferroviaria en solares de las calles Diario El Comercio y Luarca ahora ocupados en su mayoría por antiguas instalaciones fabriles. La alegación persigue que se revise la decisión municipal de permitir construir en los solares anexos al plan de vías bloques de entre 12 y 18 plantas. Una decisión que se sustenta en una modificación puntual del PGOU anulado por los tribunales por una treintena de sentencias.
Los vecinos de Laviada ven con buenos ojos la duplicación del ancho de aceras y el esponjamiento en esa zona limítrofe con Sanz Crespo, pero aun así reclaman al Ayuntamiento una intervención «menos agresiva» en un ámbito «donde las construcciones preexistentes no superan las seis plantas y existe muy poco espacio entre bloque y bloque».
La federación urbana también hará suya una reclamación de la asociación vecinal de La Calzada para que se mejore la actual comunicación entre El Cerillero y la nueva zona residencial de El Lauredal en Jove. La FAV planteará al Ayuntamiento que, para salvar el impedimento que supone cruzar las vías del tren en el actual corredor, se estudie la posibilidad de soterrar los tendidos férreos en ese punto o, en su defecto, la construcción de algún tipo de losa. Los vecinos consideran que se pueden aprovechar las obras proyectadas para los nuevos accesos de El Musel para acometer esa mejora que redundaría en la seguridad de los vecinos que habitualmente usan el atajo ferroviario cruzando unas vías que forma parte del antiguo ramal Aboño-Sotiello que llega hasta El Musel.
Oficina de EMTUSA
Fuera ya de la aprobación de este escrito de alegaciones, la junta directiva de la FAV acordó, asimismo, remitir un escrito al Ayuntamiento pidiendo la reapertura de la oficina de información de EMTUSA cerrada el pasado mes en el centro urbano. «Nadie va a subir a las cocheras de Tremañes a quejarse o a dar sugerencias», advirtió Murillo. La directiva de la FAV también abrió ayer la convocatoria del Premio Solidaridad que se entregará en el Teatro Jovellanos a últimos de enero.

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