El Ayuntamiento reserva en su presupuesto de 2007 una partida de 350.000 euros para desarrollar el Plan de Movilidad de Gijón. En el anexo de inversiones de las cuentas municipales se consignan 30.000 euros por el control de accesos de la plaza del Instituto, 20.000 euros para complementos de las ‘zonas 30’ y 300.000 euros para la instalación de radares de control de velocidad.

Tras la puesta en circulación del controvertido ‘multamóvil’, el próximo año proseguirán las novedades locales en materia de seguridad vial. La principal de ellas será la entrada en funcionamiento durante el primer trimestre de las primeras ‘zonas 30’ dentro del perímetro de calles como Munuza, San Bernardo, Domínguez Gil, Moros, Jovellanos, Cabrales y el Muelle.

Las calles en las que la velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora estarán señalizadas de varias formas. En los pasos de peatones se llevarán a cabo obras similares a las que se han hecho en algunas vías del Polígono de Pumarín, donde el Ayuntamiento ha instalado 15 badenes, con una altura de 80 centímetros, para reducir la siniestralidad.

Así, a la entrada de las ‘zonas 30’, los pasos de peatones tendrán badenes. Pero también habrá señalización vertical para anunciar a los conductores que entran en un lugar con un nuevo límite de velocidad. Con los cambios, según el Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico, se ganará un 33% de espacio para los peatones.

Informe del RACC

Para dar a conocer estos nuevos espacios de velocidad reducida, que tienen como objetivo reducir los accidentes, pacificar el tráfico y conseguir una movilidad más sostenible en las ciudades, la próxima semana se presentará en Gijón un informe sobre las ‘zonas 30’ elaborado por el RACC, el mayor club del automóvil de España.

En cuanto a los radares, para los que el Consistorio quiere obtener ayuda de la Dirección General de Tráfico, se colocarán de manera aleatoria en los accesos al núcleo urbano. Habrá varias zonas en las que podrán ser instalados, en función de las necesidades del tráfico o las campañas de control de velocidad que se acometan.

Los expertos consideran que en una ciudad como Gijón, en la que hay entradas casi directas desde las vías de alta velocidad a las vías urbanas, el radar es el único sistema válido para conseguir que los excesos se rebajen al mínimo.

El otro puntal del Plan de Movilidad gijonés es el ‘multamóvil’ o control de vehículos mal aparcados mediante un sistema digital de lectura y grabación de matrículas. El nuevo dispositivo sancionador de la Policía Local emite ya aproximadamente un tercio de las multas de tráfico que se tramitan a diario en Gijón.

En setiembre registró su mayor actividad con 1.144 denuncias, de las que el 80% fueron motivadas por el aparcamiento indebido en zonas destinadas a paso de peatones o reservadas. A pesar de las reiteradas quejas de transportistas y repartidores, el Ayuntamiento esgrime estos datos para demostrar que no existe ninguna cacería contra los conductores y que las infracciones que sanciona el vehículo policial son todas situaciones flagrantes.

Por su parte, el concejal del PP Juan Carlos Santos aseguró ayer que las críticas del sector del transporte al vehículo sancionador «ponen de manifiesto que el Ayuntamiento ha tirado la toalla con el problema del tráfico en la ciudad». A su juicio, «en vez de buscar soluciones, el equipo de gobierno busca culpables que potencialmente son todos los gijoneses, ya que multar le resulta más fácil y lucrativo».

«Impersonal y agresivo»

Según Santos, los seis meses de funcionamiento del ‘multamóvil’ «evidencian que se trata de un mecanismo intimidatorio, agresivo, impersonal, recaudatorio, coercitivo, que implica un chantaje al ciudadano y genera más dificultades que beneficios ofrece». El concejal volvió a insistir en que lo que realmente hace falta en Gijón son más plazas de aparcamiento y respecto a los perjuicios de que se quejan los transportistas sancionados señaló que «ahora algunos perderán dinero trabajando por las multas».

El PAS-Unión Asturianista también expresó ayer su apoyo a los trabajadores del transporte, el reparto y los servicios a domicilio frente al Ayuntamiento y reclamó a través de un comunicado «otra aplicación de las legislación de tráfico, la mejora de las zonas de carga y descarga, así como un control efectivo de las mismas».